COMPLIANCE
13-09-2019
Canteros: “Hay que avanzar en mecanismos de control de ilícitos”
10:58 |
El vicegobernador Gustavo Canteros recibió a la doctora Lina Anllo, presidenta del capítulo local de la World Compliance Association, con quien analizó los alcances de la Ley 27.401, sancionada en 2017 en nuestro país, referida a los protocolos de prevención de ilícitos.
La especialista fue invitada por la Facultad de Derecho de la UNNE, donde brindó una conferencia sobre la "Ley 27.401 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Programas de Compliance".
Canteros destacó la importancia de la Ley “a la que debemos adherirnos las provincias, de manera de transparentar los procesos de licitación y toda acción que emprenda el Estado junto a las empresas privadas, para evitar casos de corrupción o detectarlos a tiempo”. En este sentido afirmó: “Hay que avanzar en mecanismos de control de ilícitos”.
Con relación al “compliance”, fue definido por la doctora Anllo como "el conjunto de protocolos o mecanismos que desarrolla una organización, ya sea una empresa o un organismo público, para prevenir que se cometan infracciones o delitos dentro de ella". Y añadió: "Lo primero que necesita cualquier organización es hacer un mapeo de riesgo y, en función de ese mapeo, desarrollar los protocolos correspondientes".
La legislación “constituye un paraguas de protección para la organización, ya que, de contar con un programa de compliance, si se cometiese un delito, la responsable sería la persona física involucrada y no la persona jurídica. La ley establece penas, que van desde multas hasta la prohibición de participar en licitaciones públicas o la disolución de la sociedad si esta hubiese sido constituida al solo efecto de cometer el ilícito”, amplió la especialista.
Los programas de integridad no rigen únicamente para las empresas privadas, el sector público también puede aplicarlos. Al respecto la representante de la WCA refirió el caso del municipio de Escobar que “ha decidido certificarse con la norma ISO 37.001 en el área de Licitaciones y Contrataciones. Se trata del primer organismo público de nuestro país que lo realizará”, informó.
La implementación de la ley “es una cuestión de tiempo”, consideró la abogada, ya que “nuestra ley establece la obligatoriedad de contar con programas de integridad para las empresas que quieran contactar con el Estado Nacional. Es la única legislación que lo prevé si la comparamos con otros casos regionales”, finalizó.
La especialista fue invitada por la Facultad de Derecho de la UNNE, donde brindó una conferencia sobre la "Ley 27.401 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Programas de Compliance".
Canteros destacó la importancia de la Ley “a la que debemos adherirnos las provincias, de manera de transparentar los procesos de licitación y toda acción que emprenda el Estado junto a las empresas privadas, para evitar casos de corrupción o detectarlos a tiempo”. En este sentido afirmó: “Hay que avanzar en mecanismos de control de ilícitos”.
Con relación al “compliance”, fue definido por la doctora Anllo como "el conjunto de protocolos o mecanismos que desarrolla una organización, ya sea una empresa o un organismo público, para prevenir que se cometan infracciones o delitos dentro de ella". Y añadió: "Lo primero que necesita cualquier organización es hacer un mapeo de riesgo y, en función de ese mapeo, desarrollar los protocolos correspondientes".
La legislación “constituye un paraguas de protección para la organización, ya que, de contar con un programa de compliance, si se cometiese un delito, la responsable sería la persona física involucrada y no la persona jurídica. La ley establece penas, que van desde multas hasta la prohibición de participar en licitaciones públicas o la disolución de la sociedad si esta hubiese sido constituida al solo efecto de cometer el ilícito”, amplió la especialista.
Los programas de integridad no rigen únicamente para las empresas privadas, el sector público también puede aplicarlos. Al respecto la representante de la WCA refirió el caso del municipio de Escobar que “ha decidido certificarse con la norma ISO 37.001 en el área de Licitaciones y Contrataciones. Se trata del primer organismo público de nuestro país que lo realizará”, informó.
La implementación de la ley “es una cuestión de tiempo”, consideró la abogada, ya que “nuestra ley establece la obligatoriedad de contar con programas de integridad para las empresas que quieran contactar con el Estado Nacional. Es la única legislación que lo prevé si la comparamos con otros casos regionales”, finalizó.
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